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LA SEGURIDAD JURÍDICA. UN CONCEPTO MÁS ALEGADO QUE ESTUDIADO

Autor: Jordi Ferrer Beltrán. Director de la Cátedra de Cultura Jurídica

El artículo 9.3 de la Constitución española, como muchas otras constituciones y tratados internacionales, establece que la seguridad jurídica es uno de los principios básicos de nuestro ordenamiento. Sin embargo, su importancia no parece corresponderse con la cantidad de estudios que se le dedican; no se recurre a menudo a la seguridad jurídica como criterio normativo para la resolución de controversias jurídicas en los tribunales; y no es habitual tampoco que opere como ratio legis explícita de nuevas disposiciones legales. La situación no es muy diversa en los distintos países de nuestro entorno cultural, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con el concepto “hermano” de la rule of law en el mundo anglosajón.

“La ausencia de seguridad jurídica produce la paralización de las relaciones comerciales y el derecho fracasa en su pretensión regulatoria cuando no aporta garantías”

En los últimos tiempos, desgraciadamente, decisiones estatales adoptadas por algunos países latinoamericanos han puesto en primera página de los medios de comunicación el reclamo de seguridad jurídica como condición necesaria para la prosperidad del comercio y las inversiones internacionales. Este es, sin duda, un ámbito en el que la ausencia de seguridad jurídica produce la paralización de las relaciones comerciales, y el derecho fracasa en su pretensión regulatoria cuando no aporta garantías. Sin embargo, el escaso recurso general a la noción de seguridad jurídica y la potencia mediática de los reclamos de las grandes corporaciones cuando resultan afectadas por la falta de la misma, pudiera producir la impresión distorsionada de que el comercio internacional es el ámbito principal de aplicación del referido instituto jurídico.

“No se recurre a menudo a la seguridad jurídica como criterio
normativo para la resolución de controversias jurídicas
en los tribunales”

La Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona tomó hace 4 años la decisión de poner el foco de nuestras actividades sobre el concepto y los problemas de seguridad jurídica en Iberoamérica. Hemos publicado ya dos monografías al respecto:

• Humberto Ávila: “Teoría de la seguridad jurídica” -Marcial Pons, 2012-

• Gianmarco Gometz: “La certeza jurídica como previsibilidad” –Marcial Pons, 2012-

Ahora organizamos, junto al Consejo General del Poder Judicial español, el Primer Congreso Bienal sobre Seguridad Jurídica y Democracia en Iberoamérica (Girona, España, 3-5 de junio de 2013).

El congreso, que pretende convertirse en el primer punto de encuentro global y permanente de todos los juristas iberoamericanos, tiene como uno de sus principales objetivos avanzar en el diseño de una propuesta de indicadores de seguridad jurídica que ofrezcan una visión integral de la misma y que, con los debidos estudios de campo, permitan medir el grado de protección de la seguridad jurídica en nuestras sociedades. Además, una comprensión más general del concepto hará posible analizar y mejorar su presencia en la formación de los juristas. Como un primer paso en esa línea, se presentará a discusión un estudio realizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas acerca de la importancia de la seguridad jurídica en los programas de formación de las Escuelas Judiciales iberoamericanas.

Como puede observarse, pues, estimamos de vital importancia alcanzar una comprensión integral del concepto de seguridad jurídica. En lo que sigue, a modo de ejemplo y sin pretensión alguna de exhaustividad, quisiera sólo apuntar algunos aspectos que dicha comprensión debería tomar en cuenta:

1. Empezando quizás por las más obvias, hay que mencionar el respeto de la prohibición de retroactividad de las normas sancionadoras, en sentido amplio, y el respeto de los derechos adquiridos. No es baladí mencionar que algunas de las medidas anticrisis adoptadas en muchos de los países de la Unión Europea tienen en este punto precisamente uno de sus aspectos jurídicamente más discutibles.

2. La previsibilidad de las decisiones jurídicas, lo que incluye la protección legal y judicial de los derechos adquiridos, una razonable estabilidad de la jurisprudencia y el respeto de la cosa juzgada como mecanismo de cierre de las controversias. Esta es quizás la faceta más conocida, que se suele vincular con las precondiciones para facilitar el comercio internacional y las inversiones de las grandes corporaciones. Sin embargo, también lo es para la garantía de la efectividad de los derechos fundamentales, con la fundamental exigencia de la igualdad en la aplicación de la ley.

3. La facilidad en el acceso a la justicia. En estos últimos años se han llevado a cabo, especialmente en Latinoamérica, muchos estudios sobre los mecanismos para garantizar el acceso a la justicia de los más desfavorecidos. Pero siendo éstos de la mayor importancia, hay también otras situaciones de exclusión de la protección jurídica que no deben olvidarse: valga el ejemplo de las reglas que imponen tasas judiciales que tornan ineficiente el reclamo de la protección de derechos económicamente poco cuantiosos. Dado que la cuantía económica de esos derechos puede ser importante cuando su violación es masiva, las dificultades procesales para su protección y la inexistencia de remedios sustantivos para esas violaciones dejan el campo abierto a prácticas y cláusulas abusivas por parte de actores poderosos.

4. Evidentemente, tiene escasa relevancia la posibilidad de obtener una sentencia favorable que reconozca el propio derecho, si los mecanismos de ejecución de sentencia no son efectivos. Cuenta aquí la celeridad en la ejecución, pero también la existencia de registros públicos de bienes, la previsión de medidas cautelares efectivas, etcétera.

5. La tercerización de la resolución de controversias. El recurso creciente a los denominados mecanismos alternativos de resolución de conflictos, ya no sólo por voluntad de las partes sino también incentivados u obligados por el Estado produce que esos conflictos escapen del derecho (y no sólo del proceso). Sin discutir aquí las pretendidas virtudes de esos mecanismos, resulta claro que la seguridad que puedan aportar, si lo hacen, no es seguridad jurídica y en muchos casos el recurso a ellos es síntoma precisamente de la ausencia de ella.

6. Frente a lo que la mayoría de las anteriores indicaciones parecen señalar, la seguridad jurídica no se ventila únicamente en sede judicial, sino que están involucrados en ella los tres poderes. El respeto de los procedimientos establecidos en el dictado de nuevas normas, evitando, por ejemplo, el abuso del gobierno mediante decreto por parte de los poderes ejecutivos; la observancia del principio de legalidad en la actuación administrativa; la protección de la independencia judicial, interna y externa, son elementos a considerar. Pero también lo es la extensión de la producción normativa informal por parte de agencias y organismos para-estatales, la transparencia en la adopción de decisiones políticas y jurídicas y el control de la corrupción.