Autor: Jorge Sarazá Granados, abogado del departamento de Derecho Laboral en Ceca Magán Abogados

Recientemente hemos podido asistir en España a una montaña rusa que tenía como pasajero al sistema de jubilaciones anticipadas, con el consiguiente mareo de todo aquel que estuviera en contacto con dicha materia. A modo de anticipo podemos indicar que el Gobierno del país tuvo a bien realizar una rápida intervención, con la consiguiente intentona de reforma legislativa y material, como consecuencia de ciertos cambios de criterio de los organismos de Seguridad Social. Dichos cambios radicaban sobre la base de introducir o eliminar ciertos requisitos para poder acceder a la jubilación anticipada a los 61 años. Lo que se había traducido temporalmente en tener que esperar varios años más para poder jubilarse de forma anticipada.

Las medidas, de haberse llegado a ejecutar de forma definitiva, habrían supuesto que decenas de miles de trabajadores hubieran visto rechazada su petición de jubilarse anticipadamente, pese a que cuando causaron su derecho o entraron a forma parte del grupo de trabajadores que tendrían futuro derecho a jubilarse de forma anticipada, podían efectivamente jubilarse porque cumplían todos los requisitos establecidos en dicho momento.

Tras diversos conatos de protestas e intervenciones de agentes sociales, la representación del Gobierno, dichos agentes y ciertos colectivos, han mantenido diversas reuniones a fin de esclarecer cómo quedaría el acceso a la jubilación anticipada por parte de ese colectivo que a fecha de abril de 2013 sí cumplía los requisitos para acceder a dicha modalidad de jubilación, pero que posteriormente se ha visto damnificado con el cambio de criterio administrativo operado. Pues, sin duda, el acceso a la jubilación por parte de los mencionados trabajadores se ve considerablemente afectado y puede trastornar los planes de vejez de muchas personas que había configurado su plan de vida de una determinada forma. Si bien es cierto que el cambio suponía el retraso en la jubilación de escasos años, no es menos cierto que el simple hecho del retraso temporal, unido a la incertidumbre de la afectación de los derechos generados y/o acumulados y/o perdidos durante esos años podría suponer una agravante más al escenario planteado.

Por ello, podemos obtener una conclusión que afecta a la población en general y que guarda relación con el envejecimiento que está experimentando aquella. Pues el acceso de nuestros mayores a las pensiones de jubilación, sean éstas en la forma que sean, marca los derroteros de ciertos ámbitos tales como el jurídico, el administrativo, el laboral, el demográfico, entre otros. Parece evidente que el acceso al cobro de las prestaciones de jubilación o similares debe ser para cualquier Gobierno, de cualquier país, un elemento clave en el planteamiento estratégico que se pretenda elaborar en relación al mercado laboral y la sociedad en general. Por ello, cualquier reforma, cambio de criterio administrativo, modificación o movimiento, en un sentido o en otro, puede suponer que se alteren o vean afectados las conductas y capacidad de decisión de los administrados.

Así, el descenso de la natalidad en contraposición con el envejecimiento de la población hace pensar que existan menos personas para cotizar a la Seguridad Social y más personas (mención aparte de la población desempleada) obteniendo las correspondientes prestaciones por su retirada del mercado laboral. Por ejemplo, según diversos estudios, en el año 2020 en Chile, el 20 % de la población tendrá más de 60 años. Sin embargo, es bastante común en cualquier país latinoamericano que la esperanza de vida haya ido creciendo con el paso de los años, si echamos la vista atrás unas décadas. De modo que la población envejece, las personas tienen más esperanza de vida, lo cual es de agradecer, pero cada vez se accede con mayor relevancia y cantidad a las pensiones de jubilación. Y ello hace pensar que los Gobiernos deberían adoptar medidas tendentes a la potenciación e incentivo de que se pueda trabajar y cotizar más, como aliciente, no como obligación.

Pues ciertos Gobiernos han retrasado la edad de jubilación con el fin de que se acceda más tarde a la jubilación, por ende a las prestaciones, y por tanto se cotice más. Pero entendemos que no es ésta la única solución que debe plantearse en el horizonte para remediar esta cuestión social que plantea la jubilación en términos socio-laborales y demográficos. Consideramos que la clase política debería ir más allá y analizar la historia de países de nuestro entorno europeo para poder concebir una mejor solución al problema. De forma que si se encara de forma acertada el mencionado envejecimiento no se sufrirán las consecuencias citadas anteriormente y no serán necesarias reformas o cambios en uno u otro sentido para atajar problemas de liquidez en las cajas de los distintos organismos de Seguridad Social o para evitar el acceso anticipado a la jubilación de grandes colectivos como consecuencia de la crisis mundial; que ha precipitado la terminación de millones de relaciones laborales en todo el mundo.

A colación de estas reflexiones podemos apuntar someramente que el envejecimiento de la población también guarda relación con el estado de salud de las personas. Pues, qué duda cabe, el avance científico, la sanidad y cierto desarrollo en otras parcelas de la actividad del ser humano, han ayudado sobremanera a que la población aumente su edad y esperanza de vida. Lo que provoca una situación deseable y querida pero que tiene como contrapunto, al no aumentar la natalidad, el envejecimiento de la población media general.

En definitiva, podemos concluir que la relación entre el avance de la sanidad, el descenso de la natalidad, el envejecimiento de la población y otros factores accesorios provocan que la jubilación se configure como un elemento determinante en el mercado laboral y en el entorno sociodemográfico; y ello habida cuenta que se traduce en una cuestión presupuestaria y económica de todo punto crucial para cualquier país.

Por ello se debería abogar por políticas preventivas más que reactivas, y dotar al sistema de una coherencia y congruencia internas que no dependan del partido político de turno o de momentos coyunturales. Ahora bien, no es reprochable que en un escenario puntual de crisis como la que hemos padecido (prefiero ser optimista y hablar en pasado) se puedan realizar reformas o ajustes en materia de Seguridad Social, pero siempre confiando en el mantenimiento de una  misma línea o discurso. Pues parece que no es recomendable realizar cambios bruscos de criterio que afecten a tantos trabajadores en la parte más sensible y vulnerable de su vida laboral.